La senadora con cuestionó el origen de los recursos utilizados para colocar anuncios con la frase “Muerte y Morena es lo mismo”. Aunque medios locales atribuyen formalmente la campaña al PAN de Chihuahua y no existe evidencia pública de que haya sido financiada directamente por el Gobierno estatal, la polémica abrió una discusión sobre el uso de prerrogativas, la rendición de cuentas y la creciente confrontación política rumbo a 2027.

Andrea Chávez volvió a colocar en el centro del debate político de Chihuahua una pregunta elemental cuando aparecen campañas de gran formato en el espacio público: ¿quién las paga y de dónde proviene el dinero?

La senadora con licencia reaccionó a la aparición de espectaculares con la leyenda “Muerte y Morena es lo mismo”, desplegados como parte de una nueva ofensiva de comunicación del Partido Acción Nacional en Chihuahua.

Chávez publicó una fotografía de uno de los anuncios y acusó a la gobernadora Maru Campos de utilizar dinero de las familias chihuahuenses para alimentar una campaña política contra Morena. En su mensaje cuestionó que recursos provenientes de los impuestos pudieran destinarse a este tipo de propaganda mientras existen necesidades públicas por atender.

La acusación sobre un financiamiento directo del Gobierno estatal no ha sido comprobada públicamente. Los reportes disponibles atribuyen los espectaculares al Comité Directivo Estatal del PAN encabezado por Daniela Álvarez. Sin embargo, el señalamiento de Andrea Chávez abrió una segunda discusión que sí requiere respuestas verificables: conocer el origen exacto de los recursos utilizados y determinar si corresponden a financiamiento público partidista, aportaciones privadas permitidas por la legislación o alguna otra fuente.

Andrea Chávez cuestiona una campaña basada en la confrontación

La polémica comenzó con la colocación de anuncios espectaculares que vinculan directamente a Morena con la muerte.

El PAN estatal reconoció públicamente la autoría de la estrategia. Daniela Álvarez confirmó la instalación de los anuncios y defendió el mensaje como parte de la crítica de su partido a la política de seguridad del Gobierno federal. Medios locales reportaron inicialmente dos espectaculares y un plan para colocar cuatro en total.

Ante ello, Andrea Chávez respondió desde sus redes sociales.

La legisladora sostuvo que detrás de este tipo de comunicación existe una utilización del dinero que debería estar destinado a las necesidades de la población y dirigió su crítica directamente hacia la administración de Maru Campos.

Más allá de la confrontación electoral, su planteamiento coloca una pregunta concreta sobre la mesa: cuánto cuestan estas campañas, quién contrató los espacios y cuál fue la fuente financiera utilizada.

Morena también solicitó la intervención de la autoridad electoral para buscar el retiro de los espectaculares al considerar que contienen expresiones calumniosas.

El origen del dinero todavía debe distinguirse

Existe una precisión indispensable.

Hasta ahora, las fuentes revisadas no acreditan que el Gobierno de Chihuahua haya contratado directamente los espectaculares.

Infobae señala que los reportes locales identifican la campaña como una estrategia del PAN estatal y advierte expresamente que no existe confirmación oficial de que haya sido pagada con recursos del Gobierno de Maru Campos.

Esto no vuelve irrelevante la discusión sobre recursos públicos.

Los partidos políticos reciben financiamiento público para desarrollar sus actividades ordinarias y, al mismo tiempo, pueden obtener determinados recursos privados dentro de los límites establecidos por la legislación electoral.

El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua confirmó que durante 2026 distribuye financiamiento público estatal entre las organizaciones políticas con derecho a recibirlo. Además, el propio organismo fijó límites específicos para las aportaciones privadas que pueden recibir los partidos.

Por ello, saber que la campaña pertenece al PAN no responde por sí solo toda la pregunta.

Falta establecer qué partida partidista fue utilizada para pagarla y reportarla ante las autoridades de fiscalización correspondientes.

El espectacular tiene registro electoral

La fotografía difundida muestra el folio INE-RNP-000000669718, correspondiente al sistema de identificación utilizado para propaganda en espectaculares.

La presencia de este identificador permite que la autoridad electoral pueda relacionar el anuncio con los registros correspondientes dentro de sus mecanismos de fiscalización.

El INE mantiene sistemas mediante los cuales fiscaliza el origen y destino de los recursos utilizados por partidos políticos y actores electorales.

De ahí que la discusión no necesite quedarse exclusivamente en acusaciones cruzadas.

La ruta institucional consiste en revisar los reportes financieros y determinar quién contrató los espacios, qué monto se declaró y qué tipo de recursos fueron utilizados.

El discurso del espectacular tiene un antecedente en el propio Gobierno estatal

Hay otro elemento relevante que da contexto al señalamiento de Andrea Chávez.

Dos días antes de que estallara la polémica, el 4 de agosto, el portal oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua publicó una nota sobre un evento encabezado por Maru Campos en Parral.

Durante ese acto, la gobernadora habló de construir un “Gobierno de la vida” y posteriormente se refirió a la administración federal como el “gobierno de la muerte”. La frase aparece textualmente en la comunicación institucional publicada por el Gobierno estatal.

Posteriormente, la campaña del PAN colocó en espectaculares el mensaje “Muerte y Morena es lo mismo”.

Esto no demuestra que el Gobierno haya pagado los anuncios, pero sí evidencia una coincidencia narrativa entre el discurso utilizado por la gobernadora en un acto oficial y la campaña partidista desplegada posteriormente por Acción Nacional.

Esa cercanía discursiva hace pertinente discutir con mayor claridad dónde termina la comunicación gubernamental y dónde comienza la propaganda partidista.

Una discusión sobre límites entre gobierno y partido

Gobierno y partido son instituciones diferentes.

Una gobernadora puede pertenecer a una fuerza política y defender públicamente sus posiciones, pero los recursos, canales y estructuras gubernamentales tienen una naturaleza distinta a los recursos utilizados por un comité partidista.

El portal oficial del Gobierno de Chihuahua reprodujo el 4 de agosto la expresión de Campos contra el “gobierno de la muerte” dentro de una comunicación institucional relacionada con la entrega de equipamiento de seguridad.

Dos días después, el PAN estatal convirtió una expresión muy similar en publicidad exterior contra Morena.

La secuencia no prueba una transferencia financiera entre ambas estructuras, pero sí vuelve razonable exigir transparencia sobre contratos y fuentes de financiamiento.

En ese terreno, la intervención de Andrea Chávez puede entenderse como un llamado a que la discusión salga de las redes sociales y llegue a los mecanismos formales de rendición de cuentas.

Morena pide al INE intervenir

La controversia rápidamente dejó de limitarse a una publicación individual.

Morena solicitó al Instituto Nacional Electoral el retiro de los espectaculares al considerar que el mensaje constituye una calumnia contra el partido.

Daniela Álvarez reconoció públicamente haber recibido la notificación relacionada con la solicitud y defendió la permanencia de los anuncios.

Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar también pidieron que se investigara el origen de los recursos utilizados en la campaña.

Será la autoridad electoral, y no alguno de los partidos involucrados, la que deba determinar si existe una infracción y si el contenido o su financiamiento contravienen las disposiciones aplicables.

Las prerrogativas partidistas también requieren rendición de cuentas

La controversia permite hacer una distinción importante.

Cuando se habla de “dinero público” en política no solamente existen los presupuestos administrados directamente por secretarías, municipios o gobiernos estatales.

Los partidos reciben también financiamiento público sujeto a reglas y fiscalización.

A nivel nacional, el INE aprobó más de 7 mil 737 millones de pesos de financiamiento público para los partidos políticos nacionales durante 2026.

En Chihuahua existe además financiamiento público estatal distribuido por el Instituto Estatal Electoral. El organismo modificó en julio la distribución correspondiente al segundo semestre después de la incorporación de dos nuevos partidos nacionales, sin aumentar el presupuesto total previamente aprobado.

Esto significa que determinar si los espectaculares se pagaron “con dinero público” requiere conocer específicamente el origen contable utilizado por Acción Nacional.

Los partidos también pueden recibir financiamiento privado bajo determinadas condiciones. Para 2026, el IEE fijó en Chihuahua un límite anual de 9 millones 692 mil 439.97 pesos por aportaciones de simpatizantes para cada partido y estableció que el financiamiento privado no puede superar al público destinado a actividades ordinarias y específicas.

La transparencia de la operación permitiría resolver esta discusión con documentos y no únicamente con versiones partidistas.

Andrea obliga a colocar el costo de la propaganda en la conversación

Uno de los aspectos políticamente más efectivos del mensaje de Andrea Chávez fue llevar la discusión del contenido del espectacular hacia su costo.

En vez de responder exclusivamente a la acusación del PAN sobre Morena, cuestionó cuánto dinero implica colocar propaganda de este tipo y qué otras prioridades podrían atenderse con esos recursos.

Ese cambio de enfoque conecta la confrontación electoral con una preocupación cotidiana: el uso del dinero que administran las instituciones y organizaciones políticas.

El señalamiento tiene particular relevancia porque los espectaculares no son publicaciones gratuitas en redes sociales. Requieren contratación de espacios, producción, instalación y reporte ante las autoridades correspondientes.

Precisamente por ello cuentan con mecanismos de identificación y fiscalización electoral.

PAN defiende su campaña

La dirigencia panista sostiene una interpretación completamente distinta.

Daniela Álvarez argumenta que los anuncios forman parte de una estrategia para denunciar la violencia y responsabilizar políticamente a los gobiernos de Morena. También ha defendido públicamente la frase utilizada en los espectaculares.

El partido afirma que Chihuahua enfrenta problemas de seguridad relacionados con municipios gobernados por Morena y utiliza cifras nacionales de homicidios y desapariciones para justificar su campaña.

Esos argumentos forman parte de la posición política del PAN y deberán contrastarse con las estadísticas oficiales correspondientes antes de atribuir responsabilidades específicas.

La seguridad involucra competencias municipales, estatales y federales, por lo que una frase publicitaria difícilmente explica por sí sola las causas de la violencia.

El debate rumbo a 2027 ya llegó a los espectaculares

La disputa ocurre mientras Chihuahua avanza hacia una elección de gubernatura en 2027.

Andrea Chávez se encuentra entre las figuras de Morena con mayor presencia en la discusión sucesoria, mientras el PAN busca conservar una entidad actualmente gobernada por Maru Campos.

Eso explica en parte la creciente intensidad de los mensajes.

Pero precisamente porque el proceso político se acerca, conocer el origen del dinero utilizado en campañas anticipadas de comunicación adquiere mayor importancia.

La competencia democrática no solamente consiste en colocar mensajes más contundentes.

También implica transparentar quién los financia.

De la confrontación a la rendición de cuentas

La acusación de Andrea Chávez contra Maru Campos no puede presentarse todavía como un hecho acreditado: hasta ahora no existe prueba pública de que el Gobierno estatal haya pagado directamente los espectaculares.

Lo que sí está documentado es que el PAN de Chihuahua impulsó la campaña, que existen anuncios registrados y que Morena ha pedido la intervención de la autoridad electoral.

También está documentado que Maru Campos utilizó apenas días antes, desde un acto difundido por el portal oficial del Gobierno estatal, la expresión “gobierno de la muerte” para referirse a la administración federal.

Y está acreditado que los partidos políticos operan con recursos sujetos a fiscalización, incluyendo financiamiento público y aportaciones privadas dentro de límites establecidos por las autoridades electorales.

Andrea Chávez puso esos elementos bajo una misma pregunta: ¿quién paga la propaganda y con qué dinero?

Responderla requiere transparencia documental.

Si Acción Nacional sostiene que la campaña fue financiada exclusivamente con recursos partidistas correctamente reportados, los registros de fiscalización permitirán corroborarlo. Si existiera alguna irregularidad, corresponderá a las autoridades electorales determinar responsabilidades.

Mientras eso ocurre, la polémica deja una discusión que trasciende a Andrea Chávez, Maru Campos, Morena o el PAN: en una democracia, cada peso utilizado para influir en la conversación política debe poder rastrearse y explicarse.

La crítica puede ser dura y la competencia electoral intensa, pero la ciudadanía tiene derecho a saber quién está pagando los mensajes que encuentra todos los días en las calles de Chihuahua.

Con información de Infobae, Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Instituto Nacional Electoral, Gobierno del Estado de Chihuahua, El Universal y medios locales.